La licitación de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, dos de las infraestructuras más críticas y estratégicas de España, marcó un hito significativo en la gestión y el futuro del transporte aéreo en el país. Este proceso, que buscaba la concesión de una participación mayoritaria en las sociedades gestoras de ambos aeropuertos, no solo atrajo la atención de grandes consorcios internacionales, sino que también estableció un precedente por sus exigentes requisitos financieros y técnicos. Uno de los puntos más destacados y debatidos de esta licitación fue la imposición de un umbral financiero considerable: las empresas interesadas debían acreditar contar con activos totales en su balance de, al menos, 3.000 millones de euros. Esta condición no era meramente un formalismo, sino una declaración de intenciones por parte del Estado para asegurar la solidez y la capacidad de inversión de los futuros operadores, garantizando así la continuidad y mejora de servicios esenciale...